RECONOCIMIENTO LEGAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS

Si bien las definiciones de los que son considerados como indígenas son diversas y los antecedentes censales en relación a ellos son en muchos casos poco confiables, se estima que la población indígena actual en América Latina asciende a entre 40 y 50 millones, cifra que representa alrededor de un 10 por ciento de la población total de la región (Bello y Rangel, CEPAL, 2000). Dicha población está agrupada en más de 400 pueblos o grupos identificables, los que van desde los pequeños grupos selváticos amazónicos, hasta las sociedades campesinas de los Andes, que suman varios millones de personas. Junto a ello cabe agregar a la población indígena que habita en áreas urbanas del continente, la que a consecuencia de procesos migratorios, es hoy demográficamente muy significativa. Barrios indígenas proliferan en la actualidad en grandes ciudades como México (D.F.), Lima, Bogotá, Quito y Santiago, dando origen a una nueva realidad de marginalidad indígena (Chase Smith, 2002; Bengoa, 2000).

Las demandas indígenas

A lo largo de las últimas décadas, dichos movimientos han ido levantando un conjunto de demandas, dirigiéndolas hacia los Estados en los que habitan. Estas demandas son de diversa naturaleza: por un lado están aquellas que tienen un carácter individual, que apuntan a poner término a las situaciones de evidente discriminación económica, social, cultural y política de la que los indígenas son objeto en la totalidad de los Estados del continente. Sin embargo, el mayor énfasis de los movimientos indígenas ha estado centrado en aquellas demandas de carácter colectivo, que apuntan a la introducción de modificaciones jurídicas y políticas que permitan enfrentar los problemas estructurales que afectan a sus pueblos en su relación con los Estados y las sociedades no indígenas, y que no les permiten desarrollarse como pueblos.

El derecho a la autodefinición y a un status legal. Sostiene que la definición del status legal de los indígenas ha sido hasta ahora una prerrogativa unilateral de los gobiernos y que las organizaciones indígenas cuestionan esta tradición y reclaman el derecho a la auto identificación, no tan sólo como una elección individual, sino además como un reconocimiento grupal y de identidad colectiva. Consistente con ello reclaman un nuevo status para los pueblos indígenas en el marco de una sociedad democrática, reclamo que en los últimos años ha incidido en reformas jurídicas constitucionales y legales que posteriormente se analizará.

LOS ENCLAVES

Se denomina un modelo económico donde, en un mercado globalizado, se localizan  actividades productivas en países subdesarrollados destinadas a la exportación y sin integrarse en el mercado local. ​ El término ha sido ampliamente usado para describir relaciones postcoloniales de dependencia en países en desarrollo, especialmente en América latina ​ Se suele mencionar como parte de modelos más amplios como la teoría de la dependencia que fueron muy populares en las décadas de 1960 y 1970. Suele ser asociado al marxismo debido a las obras de Paúl A. Baran y Theotônio dos Santos aunque los vínculos a la teoría marxista clásica son tenues.

EL MODELO DE ECONOMÍA DE ENCLAVE:

De acuerdo al modelo, una firma grande y bien capitalizada, a menudo localizada en Estados Unidos o Europa Occidental, invierte en la producción de un bien de exportación destinado a los mercados de origen de la empresa inversora. A menudo el país de origen de la inversión, era la antigua metrópolis colonial del país que producirá los bienes.​ La empresa usa tanto su capital como sus contactos (explícitos e implícitos) para adquirir tierras y solares, contratar mano de obra y recibir subvenciones públicas en el país receptor de la inversión, subordinar líderes locales, lo que disminuye su capacidad para generar .

IMPLICACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES

Este modelo productivo presenta una disyuntiva, pues si bien sirve para atraer capitales e inversiones al país (como en las maquiladoras) y mejorar la balanza comercial, genera una dependencia de mercados extranjeros y puede ser perjudicial a largo plazo para la viabilidad económica del país.

En algunos casos, las firmas operando en economías de enclave llegan a tener la suficiente influencia para lograr que los gobiernos locales les permitan suprimir la resistencia sindical a bajas condiciones laborales. Este tipo de relaciones entre empresa privada y gobierno suelen vincularse a corrupción local y proteccionismo por parte del gobierno del país anfitrión, que suele proteger la inversión realizada.