Si
bien las definiciones de los que son considerados como indígenas son diversas y
los antecedentes censales en relación a ellos son en muchos casos poco
confiables, se estima que la población indígena actual en América Latina
asciende a entre 40 y 50 millones, cifra que representa alrededor de un 10 por
ciento de la población total de la región (Bello y Rangel, CEPAL, 2000). Dicha
población está agrupada en más de 400 pueblos o grupos identificables, los que
van desde los pequeños grupos selváticos amazónicos, hasta las sociedades
campesinas de los Andes, que suman varios millones de personas. Junto a ello
cabe agregar a la población indígena que habita en áreas urbanas del
continente, la que a consecuencia de procesos migratorios, es hoy
demográficamente muy significativa. Barrios indígenas proliferan en la
actualidad en grandes ciudades como México (D.F.), Lima, Bogotá, Quito y
Santiago, dando origen a una nueva realidad de marginalidad indígena (Chase
Smith, 2002; Bengoa, 2000).
Las demandas indígenas
A
lo largo de las últimas décadas, dichos movimientos han ido levantando un
conjunto de demandas, dirigiéndolas hacia los Estados en los que habitan. Estas
demandas son de diversa naturaleza: por un lado están aquellas que tienen un
carácter individual, que apuntan a poner término a las situaciones de evidente
discriminación económica, social, cultural y política de la que los indígenas
son objeto en la totalidad de los Estados del continente. Sin embargo, el mayor
énfasis de los movimientos indígenas ha estado centrado en aquellas demandas de
carácter colectivo, que apuntan a la introducción de modificaciones jurídicas y
políticas que permitan enfrentar los problemas estructurales que afectan a sus
pueblos en su relación con los Estados y las sociedades no indígenas, y que no
les permiten desarrollarse como pueblos.
El
derecho a la autodefinición y a un status legal. Sostiene que la definición del
status legal de los indígenas ha sido hasta ahora una prerrogativa unilateral
de los gobiernos y que las organizaciones indígenas cuestionan esta tradición y
reclaman el derecho a la auto identificación, no tan sólo como una elección
individual, sino además como un reconocimiento grupal y de identidad colectiva.
Consistente con ello reclaman un nuevo status para los pueblos indígenas en el
marco de una sociedad democrática, reclamo que en los últimos años ha incidido
en reformas jurídicas constitucionales y legales que posteriormente se
analizará.
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